El mundo de las apuestas y su potenciación con la llegada de Internet ha sido tema y eje de debate en muchas ciudades y países del mundo, principalmente en Europa, donde el juego online ha tomado ribetes inimaginados, y donde no existen muchas clausulas legales que regularicen estos movimientos. Ante tal situación, en España, uno de los países donde el juego online ha sabido calar hondo, se ha lanzado una campaña de control de apuestas por la comunidad de Madrid, que intenta regular los sistemas de juego, en casas reales, y más firmemente en Internet.

Estas nuevas medidas legales de apuestas por la comunidad de madrid buscan regular de alguna forma los recintos donde se realizan actividades de juego, o bien apuestas tanto deportivas como de azar. Conocido como “Reglamento regional de apuestas”, esta nueva medida de apuestas por la comunidad de Madrid, este decreto permite la realización de apuestas en locales específicos autorizados para cada disciplina (bingo, apuestas deportivas, casino, etc.), en establecimientos de juego (bingos, casinos y salones de juego), y en zonas habilitadas en los recintos deportivos donde se celebren acontecimientos objeto de apuesta, o a través de medios telemáticos.

Además las clausulas de esta nueva reglamentación de apuestas por la comunidad de Madrid, busca regular el juego móvil y a través de Internet. Ante esto, la actividad de organización y comercialización de las apuestas, deberá contar con una autorización administrativa por periodos de 5 años renovables, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Administración. El reglamento de apuestas por la comunidad de Madrid permite también que las empresas de apuestas autorizadas desarrollen en Internet o por telefonía móvil los juegos recogidos en el Catálogo de la Comunidad de Madrid (maquinas recreativas, juegos del bingo y los permitidos en los casinos).

Por último, entre las medidas tomadas para las versiones telemáticas de apuestas por la comunidad de madrid se establece prohibición expresa de ofrecer apuestas que atenten contra los derechos y libertades, el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen o la especial protección de la juventud y la infancia.

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